CONFLICTO LIMÍTROFE
CHALCHIHUITÁN-CHENALHÓ
Octubre-Diciembre
2017 – Enero 2018
ANTECEDENTES
En 1973, como parte del proceso de
ordenamiento agrario que emprendió el gobierno del presidente Luis Echeverría
Álvarez, agentes de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA, hoy Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu) deslindaron los límites entre
los pueblos históricos de Chalchihuitán y Chenalhó, ambos de lengua y cultura
tsotsiles. Sin respetar los límites naturales que marcaba un río desde tiempos
ancestrales y que eran reconocidos por los dos pueblos, los servidores públicos
otorgaron tierras que tradicionalmente habían pertenecido a Chenalhó al actual
municipio de Chalchihuitán, generando con ello un conflicto que ha tenido
momentos de tensión y de latencia a lo largo de más de 40 años.
Es pertinente aclarar que durante
estos años, habitantes de Chalchihuitán fueron poblando las tierras antes
pertenecientes a Chenalhó,de manera
legal, no como invasores. Se convirtieron, por un error lamentable del
gobierno federal, en dueños legítimos de las tierras que hoy les han
arrebatado.
Los últimos veinte años de historia
en la región están marcados por la violencia y el enfrentamiento entre diversos
grupos, aunados a la pobreza endémica que caracteriza a ambos pueblos, pero de
manera más profunda a Chalchihuitán. Las consecuencias han sido muy negativas
para gran parte de la población, que en el caso de Chenalhó ha debido vivir
diversos episodios de desplazamiento forzado. El ejemplo más dramático es el de
la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997, episodio final de una serie de
eventos previos caracterizados por las acciones de grupos armados entrenados,
patrocinados, protegidos y armados por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de
León.
A pesar del proceso judicial que
derivó de la masacre, dichos grupos nunca fueron totalmente desactivados. De
hecho, apenas unas semanas antes de que se cumplieran diez años del suceso, los
responsables materiales, que habían sido plenamente identificados por los
sobrevivientes y que purgaban sus sentencias en prisión, comenzaron a ser
inexplicablemente liberados, aduciendo fallas al debido proceso.Actualmente
TODOS están libres y han regresado a Chenalhó, donde varios de ellos retomaron
sus acciones de hostigamiento a la población.
A través de diversos episodios de
agresión contra opositores, los grupos armados de Chenalhó han consolidado su
presencia sin que hasta la fecha las autoridades responsables hayan hecho algo
para por lo menos controlarlos. En abierta alianza con la presidenta municipal
Rosa Pérez, del Partido Verde Ecologista de México y protegida del actual
gobernador, Manuel Velasco Coello, estos
grupos han agudizado la tensión
social tanto al interior del municipio como con sus vecinos de Chalchihuitán.
En este contexto tienen lugar los
acontecimientos que se narran a continuación.
CRÓNICA
DE HECHOS
En una turbia jugada que hoy puede
interpretarse como perfectamente planeada y calculadapara que provocara lo que
efectivamente ocurrió, el 18 de octubre pasado elementos de estos grupos
armados privaron de la vida a Samuel Luna Girón, campesino de Chalchihuitán y
cuyo asesinato sirvió como argumento para reavivar el añejo conflicto
limítrofe.Es un hecho del que tuvieron conocimiento tanto el ministerio público
como la Procuraduría indígena, quienes no han tomado ninguna medida para
impartir justicia.
En teoría la solución del conflicto quedó
en manos del Tribunal Agrario, que debía emitir un fallo definitivo a más
tardar el 15 de diciembre. Mientras tanto, las autoridades del estado no sólo
no intervinieron para calmar los ánimos; por el contrario, dejaron actuar a los
paramilitares a sus anchas, negando, cada vez que pudieron, la gravedad de la situación. Por su parte,
durante los primeros dos meses del conflicto, el gobierno federal mostró una
absoluta indiferencia ante los hechos.
A partir del asesinato de Luna Girón,
las agresiones de los civiles armados se hicieron recrudecieron, con
destrucción y quema de viviendas y cosechas, tiros al aire durante todo el día
y amenazas de muerte. Los accesos a la cabecera municipal de Chalchihuitán
fueron destruidos por los paramilitares con maquinaria pesada, sin que
autoridad alguna intentara detenerlos. La cabecera quedó virtualmente en estado
de sitio, privada de alimentos, medicamentos, gasolina, gas.
En las tres semanas siguientes al
asesinato, más de cinco mil habitantes de diversas comunidades de Chalchihuitán
y casi mil de Chenalhó, ante el temor de perder la vida, fueron forzados a
abandonar sus tierras y refugiarse, los de Chenalhó en Fracción Polhó (dentro
del mismo municipio); los de Chalchihuitánvarios en la cabecera y los más en
las montañas cercanas, en calidad de desplazados internos. Atrás dejaron sus
escasas pertenencias, sus animales, sus aperos de trabajo, su vida entera. Las
condiciones en las que se encuentran actualmente son de extrema vulnerabilidad.
Hasta el momento, por lo menos doce personas, principalmente menores de edad y
ancianos, han perdido la vida a causa del hambre y del frío.
Desde el inicio de las hostilidades,
el párroco de Simojovel, Marcelo Pérez, se dio a la tarea de recorrer los
campamentos de desplazados para recoger los testimonios de la gente y dar a
conocer la situación que están viviendo. Al mismo tiempo, organizaciones de la
sociedad civil en San Cristóbal y voluntarios les comenzaron a brindar
asistencia humanitaria. Sin embargo, el proceso ha sido extremadamente difícil
ya que durante varias semanas, y como consecuencia de los bloqueos que
provocaron los paramilitares, había que dar un rodeo de siete horas para llegar
a un lugar al que normalmente se hacen no más de dos.
Es importante insistir en la falta de
respuesta por parte de las autoridades estatales y la total ausencia del
gobierno federal ante la tragedia, durante varias semanas. Pero ante el cúmulo de denuncias e
irrefutables evidencias, el gobierno del estado se vio forzado a implementar
algunas acciones cosméticas y tardías, enviando ayuda humanitaria[1]
y a personal de Protección Civil a la cabecera municipal de Chalchihuitán. A
pesar de las circunstancias, en un principio estos funcionarios se negaron a
trasladarse a los campamentos para dar asistencia a los desplazados exigiendo
que éstos se movieran a la cabecera. Sólo entonces el gobierno federal mandó
ayuda humanitaria a través del Ejército.
Extrañamente los soldados dieron el mismo rodeo que las organizaciones de la
sociedad civil debían dar para llegar a los campamentos, cuando tenían la
autoridad y los medios para retirar los bloqueos y detener a los responsables.
Mientras tanto, se esperaba con
ansías la sentencia del tribunal, principalmente por las amenazas que de manera
abierta expresaron Rosa Pérez y sus aliados armados, al afirmar que de no
serles favorable, los de Chenalhó tomarían “medidas drásticas” en contra de sus
vecinos de Chalchihuitán. El fallo, que anula todos los dictámenes previos y
expresa la necesidad de redefinir los límites entre ambos municipios (decisión
que los de Chenalhó tomaron como favorable a su causa)fue publicado el 13 de
diciembre.[2]
Llamó poderosamente la atención que el documento estuviera fechado el 6 de
noviembre, es decir, un mes y una semana antes de su publicación y antes
también de que la mayor parte de los desplazados hubiera dejado sus tierras.
Este hecho en concreto puede
interpretarse como un intento, lamentablemente exitoso, de “limpiar” de
habitantes de Chalchihuitán el territorio en disputa ANTES de que el tribunal
emitiera su fallo. Lo lógico sería que, una vez publicada la decisión de las autoridades
agrarias, la gente en vez de pertenecer a Chalchihuitán ahora quedara bajo la
jurisdicción municipal de Chenalhó, sin tener que moverse de sus tierras ni ver
amenazada su integridad. Pero no ocurrió así.
Es de notar también que, a pesar de
que los bloqueos principales fueron retirados (por elementos de Protección
Civil, NO por policías o militares), las agresiones armadas no han dejado de
ocurrir día y noche contra las mismas comunidades de donde la gente salió y
ahora hostigando a otras comunidades de Chalchihuitán cuyas tierras parecieran
ser también ambicionadas por quienes provocaron todo esto.
En los hechos, el fallo del tribunal
NO resolvió el problema, pues resulta muy poco probable que los desplazados
puedan regresar a sus tierras y reconstruir sus viviendas con las garantías de
seguirdad mínimas necesarias para ello. Mientras los grupos armados sigan
activos y gozando de la protección de quienes debieran deterlos, esto no será
posible. Ningún paramilitar ha sido detenido hasta el momento, a pesar de que
están plenamente identificados.
Finalmente, a finales de diciembre,
el subsecreatrio de Gobernación, René Juárez Cisneros, y el comisionado para el
Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, se reunieron con
representantes de ambos ayuntamientos. Se discutió sobre la necesidad de
atender a los desplazados y proteger su integridad física. Se instaló,
asimismo, una mesa de seguridad para atender la demanda de desarticulación,
desmantelameinto y castigo al grupo armado de Chenalhó. Sin embargo, no hay,
hasta la fecha, NINGUNA ACCIÓN EN ESTE SENTIDO: ni un solo detenido, ni una
sola arma decomisada. NADA. Los paramilitares siguen operando con la más
absoluta impunidad.
Las fiestas decembrinas fueron
muy amargas y difíciles para los desplazados.Varios miles de ellos,
desesperados y con claros síntomas de
depresión, decidieron regresar a sus comunidades, según lo anunció el
alcalde de Chalchihuitán el primero de enero, a pesar de quelas condiciones
para el retorno no están dadas. Sólo deseaban saber, expresaron, el estado
actual delo que queda de sus viviendas, cosechas y demás posesiones.[3] Sin
embargo, más de mil desplazados se
rehusaron a hacerlo, precisamente ante la falta de garantías.
David Pérez Gómez, del consejo
de vigilancia del Comité de Bienes Comunales de Chalchihuitán, detalló que
hasta la mañana del 2 de enero habrían regresado 3 mil 858 personas a sus
comunidades y aproximadamente mil 116 permanecen en los campamentos. Sin
embargo, “nadie está seguro, pues los paramilitares siguen armados y provocando
en la franja” (en disputa), añadió. Esto significa que, de continuar las
agresiones, en cualquier momento los retornados podrían dejar nuevamente sus
comunidades para refugiarse en los campamentos.
Los hechos dan la razón a
quienes no quieren volver a sus casas: la tarde y noche del primero de enero se
escucharon disparos desde Majumpepentik (Chenalhó). Según la crónica de Hermann Bellinghausen, “…
elementos del Ejército federal, acompañados por un regidor del ayuntamiento,
levantaron cartuchos percutidos en Tseleltetik, un paraje de Kanalumtik. Los
militares no acudieron a los otros tres sitios donde hubo tiros: Zacatonal,
Ch'en Mut y Tsamtech'en”.[4]
Juan Gabriel Girón Gómez, agente
municipal de Kanalumtik, declaró: “No hay seguridad por parte del gobierno;
nosotros esperamos que se instalen los soldados para volver”. Nadie les ha
ofrecido reubicarse, apunta.Permanecen en la cabecera de Chalchihuitan familias
de todos los poblados; se trata de habitantes de las comunidades cercanasa
donde provienen los disparos.En cuanto a la ayuda que reciben de Protección
Civil de Chiapas, Girón Gómez asegura que “son donativos de la sociedad civil,
no del gobierno; lo podemos leer en las cajas”.[5]
Ante lo anteriormente descrito, las
preguntas obligadas son: ¿quién o quiénes están detrás de todo esto y qué
ganan? ¿Por qué se ha dejado actuar, con toda libertad e incluso con la
protección por omisión de las autoridades, a los grupos de civiles armados? ¿Por
qué la falta de respuesta de los gobiernos estatal y federal durante tanto
tiempo? ¿Dónde van a reubicar a los
desplazados, con qué recursos?
La realidad es que hoy por hoy, el
tejido social está seriamente dañado para los habitantes de ambos pueblos. Los
desplazados culpan a los de Chenalhó de su sufrimiento, generalmente sin
distinguir entre paramilitares y el resto de la población. Pase lo que pase, el
encono está sembrado y costará mucho trabajo superarlo.
Los desplazados han perdido no sólo
sus viviendas y pertenencias sino su modo de vida campesino. En los meses
siguientes, no podrán sembrar ni cultivar nada, lo que los condena a una
dependencia del exterior que puede o no responder a sus necesidades básicas.
Enfrentamos una verdadera emergencia humanitaria que requiere de toda nuestra
capacidad de respuesta y acompañamiento. Sin embargo, no debemos hacer el
trabajo que corresponde a las autoridades. Es necesario exigirles que cumplan
cabalmente con su responsabilidad, empezando por el desarme y detención de los
grupos civiles armados.
Por lo pronto, en Chalchihuitán se da
un retorno al matadero, coinciden varios organismos civiles que han dado
seguimiento al conflicto desde el inicio. El riesgo de una masacre es claro,
advierten. No hay una sola garantía de seguridad y, menos, de reparación del
daño. Cada día que pasa, es un día más en la incertidumbre, el frío, el hambre,
la enfermedad, la tristeza, el miedo…
ENGLISH VERSION
TERRITORIAL CONFLICT CHALCHIHUITÁN-CHENALHÓ
October-December
2017 - January 2018
BACKGROUND
In 1973,
as part of the process of agrarian organization that the government of
President Luis Echeverría Álvarez undertook, agents of the Secretariat of
Agrarian Reform (SRA, now the Secretariat of Agrarian, Territorial and Urban
Development, Sedatu) demarcated the boundaries between the historic towns of
Chalchihuitán and Chenalhó, both of tsotsil language and culture. Without
respecting the natural limits that a river marked from ancestral times and were
recognized by the two peoples, public servants granted land that had
traditionally belonged to Chenalhó to the current municipality of
Chalchihuitán, generating a conflict that has had moments of tension and of
latency over more than 40 years.
It is pertinent
to clarify that during these years, inhabitants of Chalchihuitán were
populating the lands previously belonging to Chenalhó, legally, not as
invaders. They became, by an unfortunate mistake of the federal government, the
legitimate owners of the lands that today they have taken from them.
The last
twenty years of history in the region are marked by violence and confrontation
between diverse groups, together with the endemic poverty that characterizes
both peoples, but Chalchihuitán in a more marked way. The consequences have
been very negative for a large part of the population, which in the case of
Chenalhó has had to experience various episodes of forced displacement. The
most dramatic example is that of the Acteal massacre on December 22, 1997, the
final episode of a series of previous events characterized by the actions of
armed groups trained, sponsored, protected and armed by the government of
(President) Ernesto Zedillo Ponce de León.
Despite
the judicial process that resulted from the massacre, these groups were never
totally deactivated. In fact, just a few weeks before the tenth anniversary of
the event, the material perpetrators, who had been fully identified by the
survivors and who were serving their sentences in prison, began to be
inexplicably released, citing flaws in due process. ALL are now free and have
returned to Chenalhó, where several of them resumed their actions of harassment
of the population.
Through
various episodes of aggression against opponents, the armed groups of Chenalhó
have consolidated their presence without, to date, the responsible authorities
having done anything to at least control them. In an open alliance with the
municipal president Rosa Pérez, of the Green Ecologist Party of Mexico and
protected by the current governor, Manuel Velasco Coello, these groups have
exacerbated the social tension both within the municipality and with its
neighbors in Chalchihuitán.
In this
context the events that are narrated below take place.
FACTUAL CHRONICLE
In a murky
move that today can be interpreted as perfectly planned and calculated to
provoke what actually happened, on October 18, elements of these armed groups
deprived of his life Samuel Luna Girón, peasant of Chalchihuitán, whose murder
served as an argument to rekindle the old border conflict. It is a fact that
both the Public Prosecutor's Office and the Indigenous Procurator's Office, who
have not taken any measure to impart justice, were aware of this
.
In theory
the solution of the conflict was in the hands of the Agrarian Court, which had
to issue a definitive ruling no later than December 15. Meanwhile, the state
authorities not only did not intervene to calm things down; on the contrary,
they allowed the paramilitaries to act at their leisure, denying, whenever
possible, the seriousness of the situation. For its part, during the first two
months of the conflict, the federal government showed absolute indifference to
the facts.
After the
murder of Luna Girón, the aggressions of the armed civilians were intensified,
with destruction and burning of houses and crops, shooting in the air all day
and death threats. The accesses to the municipal capital of Chalchihuitán were
destroyed by the paramilitaries with heavy machinery, without any authority
trying to stop them. The town of central administration was virtually in a
state of siege, deprived of food, medicine, gasoline, gas.
In the
three weeks following the murder, more than five thousand inhabitants of
various communities of Chalchihuitán and almost one thousand of Chenalhó,
fearing loss of life, were forced to abandon their land and take refuge, those
of Chenalhó in Fracción Polhó (within the same municipality); those of
Chalchihuitán, several in the administrative center and more in the nearby
mountains, as internally displaced persons. They left behind their few
belongings, their animals, their implements of work, their entire lives. The
conditions in which they currently find themselves are extremely vulnerable. So
far, at least twelve people, mainly minors and elderly people, have lost their
lives due to hunger and cold.
From the
beginning of the hostilities, the parish priest of Simojovel, Marcelo Pérez,
undertook the task of touring the camps of displaced people to collect the
testimonies of the people and make known the situation in which they are living.
At the same time, civil society organizations in San Cristóbal and volunteers
began to provide them with humanitarian assistance. However, the process has
been extremely difficult since for several weeks, and as a consequence of the
blockades created by the paramilitaries, it was necessary to make a seven-hour
detour to reach a place where normally no more than two are required.
It is
important to emphasize the lack of response from the state authorities and the
total absence of the federal government in the face of the tragedy, for several
weeks. But faced with the accumulation of complaints and irrefutable evidence,
the state government was forced to implement some cosmetic and belated actions,
sending humanitarian aid and Civil Protection personnel to the municipal seat
of Chalchihuitán. Despite the circumstances, at first these officials refused
to move to the camps to provide assistance to the displaced, demanding that
they move to the Municipal seat. Only then did the federal government send humanitarian
aid through the Army. Strangely, the soldiers followed the same detour that the
civil society organizations had to use to get to the camps, when they had the
authority and the means to remove the blockades and arrest those responsible.
Meanwhile,
the ruling of the court was anxiously awaited, mainly because of threats openly
expressed by Rosa Pérez and her armed allies, saying that if they were not
favorable, those from Chenalhó would take "drastic measures"
against their neighbors in Chalchihuitán. The ruling, which annuls all previous
rulings and expresses the need to redefine the boundaries between the two
municipalities (decision that those from Chenalhó took as favorable to their
cause) was published on December 13. It drew strong attention that the document
was dated November 6, that is, a month and a week before its publication and
before that most of the displaced had left their land.
This
particular fact can be interpreted as an unfortunately successful attempt to
"clean" the disputed territory of the inhabitants of Chalchihuitán
BEFORE the court issued its ruling. The logical thing would be that, once the
decision of the agrarian authorities was published, people instead of belonging
to Chalchihuitán woud now be under the municipal jurisdiction of Chenalhó,
without having to move from their lands or see their integrity threatened. But
it did not happen like that.
It is also
noteworthy that, although the main blockades were removed (by elements of Civil
Protection, NOT by police or military), the armed aggressions have not stopped
happening day and night against the same communities that the people left and
now harassing other communities of Chalchihuitán whose lands seem to be also
coveted by those who caused all this.
In fact,
the court's ruling did NOT solve the problem, since it is very unlikely that
the displaced will be able to return to their lands and rebuild their homes
with the minimum security guarantees necessary to do so. As long as the armed
groups are still active and enjoying the protection of those who should deter
them, this will not be possible. No paramilitary has been arrested so far, even
though they are fully identified.
Finally,
at the end of December, the Under Secretary of the Interior, René Juárez
Cisneros, and the Commissioner for the Dialogue with Indigenous Peoples, Jaime
Martínez Veloz, met with representatives of both municipalities. The need to
care for the displaced and protect their physical integrity was discussed.
A security
desk was also installed to meet the demand for separating, dismantling and
punishing the armed group of Chenalhó. However, there is, to date, NO ACTION IN
THIS SENSE: not a single detainee, nor a single weapon confiscated. NOTHING.
The paramilitaries continue to operate with absolute impunity.
The
holidays were very bitter and difficult for the displaced. Several thousand of
them, desperate and with clear symptoms of depression, decided to return to
their communities, as announced by the mayor of Chalchihuitán on January 1,
although the conditions for the return have not been realized. They only wanted
to know, they said, the current state of what is left of their homes, crops and
other possessions. However, more than a thousand displaced people refused to do
so, precisely because of the lack of guarantees.
David
Perez Gomez, of the monitoring council of the Committee of Communal Property of
Chalchihuitán, explained that until the morning of January 2, 3,858 people had
returned to their communities and approximately 1,116 remained in the camps.
However, "nobody is sure, because the paramilitaries are still armed and
provoking in the strip" (in dispute), he added. This means that, if the
aggressions continue, at any moment the returnees could leave their communities
again to take refuge in the camps.
The facts
support the conclusions of those who do not want to return to their homes: the
afternoon and evening of the first of January shots were heard from
Majumpepentik (Chenalhó). According to the chronicle of Hermann Bellinghausen,
"... elements of the Federal Army, accompanied by an alderman of the city
council, picked up discharged cartridges in Tseleltetik, a place of Kanalumtik.
The military did not go to the other three places where there were shots:
Zacatonal, Ch'en Mut and Tsamtech'en. "
Juan
Gabriel Girón Gómez, municipal agent of Kanalumtik, declared: "There is no
security provided by the government; we hope that the soldiers return to settle
in. " No one has offered to relocate them, he says. Families from all
villages remain in the Chalchihuitan administrative center; they are
inhabitants of the communities close to where the shots come from. Regarding
the help they receive from the Civil Protection of Chiapas, Girón Gómez assures
that "they are donations from civil society, not from the government; we
can read it on the boxes. "
In view of
the above, the obligatory questions are: who is or who are behind all this and
what do they gain? Why have the groups of armed civilians been allowed to act,
with complete freedom and even with the protection by omission of the
authorities? Why the lack of response from the state and federal governments
for so long? Where will they relocate the displaced, with what resources?
The
reality is that today, the social fabric is seriously damaged for the
inhabitants of both towns. The displaced blame those in Chenalhó for their
suffering, generally without distinguishing between paramilitaries and the rest
of the population. Whatever happens, the anger is sown and it will take a lot
of work to overcome it.
The
displaced have lost not only their homes and belongings but their peasant way
of life. In the following months, they will not be able to sow or cultivate
anything, which condemns them to a dependency on the outside that may or may
not respond to their basic needs. We face a real humanitarian emergency that
requires all our capacity for response and accompaniment. However, we should
not do the job that corresponds to the authorities. It is necessary to demand
that they comply fully with their responsibility, beginning with the
disarmament and detention of armed civilian groups.
Several
civil organizations that have been monitoring the conflict since the beginning
agree that for now, in Chalchihuitán there is a return to the slaughterhouse.
The risk of a massacre is clear, they warn.There is not a single guarantee of
security and, least of all, of repairing the damage. Each day that passes, is
another day in uncertainty, cold, hunger, illness, sadness, fear...
[1]Tal ayuda no ha
sido sólo insuficiente sino inapropiada. El gobierno del estado ha enviado
alimentos enlatados que la gente de las comunidades no está acostumbrada a
comer y cuyo consumo le ha generado más problemas gastrointestinales de los que
ya presentaba, según documentó la quinta
visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a principios de
enero.
[2]Bajo el título Nulidad
de ejecución de resolución presidencial, declara improcedentes los acuerdos
anteriores entre las partes e indica que se deberá realizar nuevamente el
deslinde. Ello alargaría el proceso y daría un respiro al gobierno estatal para
el proceso electoral, evitando, por el momento, problemas con los grupos
oficialistas de Chenalhó.
[3]Según
testimonios de varios desplazados, han regresado a sus comunidades bajo una
persistente presión por parte de funcionarios del gobierno estatal, principalmente
de Protección Civil, y ante el riesgo de perder lo poco que tienen, sin que los
gobiernos federal y estatal hayan cumplido con la principal exigencia: el
desarme de los grupos armados. Los retornados regresan sin alimentos, con sus
cosechas perdidas, enfermos y con los traumas emocionales producto de la
violencia que han vivido desde hace meses. Todo esto evidencia que en ningún
momento se están aplicando los principios rectores de los desplazamientos
internos de la Organización de las Naciones Unidas y, por tanto, no se están
respetando, garantizando ni protegiendo los derechos humanos de la población
desplazada, según señala, entre otras organizaciones, el Centro de Derechos
Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, en su última acción urgente del 4 de
enero de 2018.
[5]Idem.
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Articulo colectivo este artículo lo sistematizo a la lic Ana, aportamos varias personas
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