viernes, 23 de febrero de 2018




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martes, 13 de febrero de 2018



POR GERALDINA COLOTTI*, 

En casi veinte años de existencia, el proceso bolivariano ha sufrido todo tipo de ataques: una guerra de débil intensidad que ha tenido un pico en el golpe contra Chávez del 2002 y un incremento de los resultados inciertos en el curso de los últimos 5 años: los años que siguieron a la muerte de Chávez y a la elección de Maduro, considerada insoportable para aquellos poderes fuertes intencionados a aprovechar de la coyuntura favorable a ellos y de la llegada de Trump al gobierno.
Para hacer caer a Maduro, el imperialismo ha puesto en juego estrategias de vario tipo, puestas a intensificar las contradicciones, los errores y las debilidades de un laboratorio de ideales y esperanzas que ha contrarrestado fuertemente el objetivo expansionista del complejo militar-industrial, motor del sistema capitalista mundial.
Un desafío insoportable para el gendarme norteamericano en crísis de hegemonía, que necesita relanzar el propio rol en un continente rico de recursos sobre los que de nuevo cuenta con meter las manos. Venezuela soberana e independiente, Venezuela que mira hacia el sur y comercia con China y Rusia, es un obstáculo a derribar.
Luego de haberla minado desde el interior, luego de haber demolido la credibilidad política con todos los medios ahora ha llegado el momento del ajuste de cuentas. Los perros ladran por todas partes, la Quinta Columna trabaja desde el interior, el Cóndor planea esperando su momento.
Todos alrededor, espectadores cómplices, desde Europa a aquella América Latina que se ve como “perrito simpático” del patio de Trump. En estos años, los grandes medios han competido para negar la entidad del peligro, haciendo burla de las denuncias pronunciadas por el gobierno bolivariano, y a su debido tiempo ilustradas justamente por aquellos que, como el exministro del interior Miguel Rodriguez Torres o la exFiscal General en fuga, Luisa Ortega, luego han decidido apuñalar por la espalda al socialismo bolivariano.
Ninguno de estos pomposos “analistas” dice que el socialismo bolivariano se mide con los problemas históricos que cualquier cambio estructural ha debido y debe afrontar. Que en los períodos de aguda lucha de clases, el pueblo debe asumirse el costo de pagar para defender la propia independencia, la propia dignidad. Negar la realidad sepultándola bajo las cómodas verdades de régimen es el arma principal de la guerra mediática, que se refuerza borrando la historia de las clases subordinadas y el precio pagado por quien ha deseado alzar la bandera del rescate y de la dignidad. Negar agresiones y guerras disfrazándolas detrás de algún intento “humanitario”, es la principal cortina de humo. Que todavía funciona. Funciona hasta después de la destrucción de Irak, de Libia, después del ataque de Siria.
En Italia, las fuerzas del cambio han interiorizado la derrota. Por esto, una cierta izquierda trata de demolir a Venezuela, donde el pueblo quiere ganar aún confiando en el socialismo. Sinembargo, todavía podemos ganar. Se puede ahuyentar a la peste negra del fascismo. “Divididos somo gotas, unidos somos tempestad”, han gritado en estos días “nuestras” calles, desfilando contra el fascismo y contra quien le han allanado el camino. Pero la lucha debe ser global.
El partido de la guerra global ahora dirige sus garra “humanitarias” contra Venezuela: en el silencio cómplice de tantas almas bellas listas a apretar el gatillo sobre las decisiones del gobierno bolivariano, pero no a garantizar las condiciones para que el pueblo pueda decidir del propio destino en plena autonomía y en paz. Un silencio todavía más culpable en cuanto, esta vez, el imperialismo esconde apenas sus verdaderos objetivos.
Por primera vez, los Estados Unidos, que normalmente organizan los golpes de estado pero luego esconden la mano, han puesto públicamente que apoyarán a un golpe contra Maduro. Trump ha recibido el abierto apoyo de los países vasallos, en América Latina y en Europa. Ninguno de estos agentes de ética y de humanismo parece interrogarse sobre “humanitarismo” de una oposición que pide plomo y bombas norteamericanas para la propia población. Quien quisiera hacerse gobernar por esta clase de payasos?. Seguramente le gusta a Rajoy, a la Mogherini y a los Tajani, exponentes de aquellas derechas europeas tan impresentables como aquellas venezolanas, seguramente le gusta a aquella izquierda que ahora abraza los programas derechistas, que esta lista a reprimir a los movimientos, mientras abre de par en par las puertas a los fascistas.
Cuánto vale la cabeza de Maduro?. Los financistas de Washington prometen financiamientos millonarios si alguien lo borra del mapa. Aunque si ganara las elecciones, es más a pesar de que ganara las elecciones, continuarán a hacerle la guerra. Pero mientras tanto, si pueden, ya tratan de volarle la cabeza.
Por eso ha partido una campaña denigratoria por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los abusos verdaderos cometidos en Honduras, en México o en Guatemala son silenciados. Los presuntos abusos que habría cometido el gobierno bolivariano, en cambio, apuntan a inhabilitar a Maduro para cerrarle los espacios de negociación a nivel internacional. Debe entrar en juego la Corte Penal Internacional. La diplomacia de paz de Venezuela debe ser reducida a cero. Una análoga campaña se ha reiniciado contra Raúl Castro y contra Cuba.
El viaje de Tillerson ha servido a preparar el ataque, junto a los países como Colombia, Perú, Argentina y Brasil que de “humanitario” frente a sus propios pueblos tienen muy poco. Otra ficha del ataque resulta Guyana, en cuyas aguas disputadas con Venezuela la Exxon Mobil de Tillerson esta haciendo de gran dueña.
El Premio Nobel por la paz (paz de los cañones), Manuel Santos, ha recibido nuevos financiamientos millonarios: en plena contuinuidad con el mortífero Plan Colombia disfrazado de “guerra al narcotráfico” mientras guerrilleros y líderes sociales continúan a ser asesinados. Son las treinta monedas de oro dadas en recompensa por la traición, cumplida por el grupito de vasallos que han efectuado ejercicios conjuntos abiertos a los Estados Unidos en la Amazonía. Ejercicios para prevenir “los desastres”, según los Estados Unidos: para ser los primeros en llegar en caso de “catástrofes humanitarias”. Como aquella que se quiere construir en la frontera, accionando para este fin, el flujo de venezolanos que dejan el país.
El gobierno bolivariano ha denunciado un intento de invasión de los Estados Unidos desde el confín con Colombia. Los movimientos de tropas y la presencia del Jefe del Comando Sur por esas partes sirven a prepararlo. Mientras tanto, son los repartos y los intentos de que vuelva a estallar desde el interior el modelo Gene Sharp y de las “revoluciones coloradas”. Grupos (exiguos) de “estudiantes” han reaparecido en varias ciudades de Venezuela.
Segun detalles del presupuesto 2019, publicados el lunes, EEUU destinará 9 millones de dollares para “promocionar la democracia, los derechos humanos y la libertad” en Venezuela, a través de su Departamento de Estado. La cantidad de dinero, que se canalizará a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), llegará a pesar de la promesa de Trump de rebajar el gasto en materia de asuntos exteriores. Una parte de los fondos presupuestarios (10 millones de dólares), irán a Cuba, con el objetivo de “promocionar la democracia, los derechos humanos y la libertad”.
Quieren cerrar la puerta al Socialismo. No podemos quedarnos solamente a mirar. Debemos ir a las plazas contro los gobiernos europeos.

Traducción Gabriela Pereira
*corresponsal de Resumen Latinoamericano en Europa

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/13/venezuela-bajo-ataque-no-podemos-quedarnos-a-mirar/


lunes, 12 de febrero de 2018



LAS ALAS DEL CONDOR PLANEAN SOBRE VENEZUELA
Editorial radio Revolucion  por Geraldina Colotti


Las alas del Cóndor planean de nuevo en América Latina. Las alas negras de Rex Tillerson, Secretario de Estado de EE. UU y ex presidente de la multinacional petrolera Exxon Mobil. En su viaje latinoamericano, Tillerson visitó 5 países vasallos, lo más subordinados, gobernados por la derecha. Los que imponen hambre a sus pueblos y los reprimen, pero para Occidente siguen siendo campeones de los derechos humanos: Argentina, México, Brasil, Perú y Colombia.
Con ellos, Tillerson quiere cerrar el lazo paso a Venezuela, la verdadera Stalingrado de América Latina, aliada con Cuba. ¿De qué manera? Incrementando aún más el bloqueo económico y financiero impuesto al país bolivariano, impidiendo la compra de petróleo venezolano. Proponiendo “ayuda” a los países de Petrocaribe. Construyendo, con la complicidad del gobierno colombiano, una situacion modelo sirio con los llamados “profugos” a la frontera: para justificar la “injerencia humanitaria”. Tillerson, sin embargo, fue más allá al admitir que Estados Unidos apoyaría al ejército venezolano si quería derrocar a Maduro: con el fin – ya sabemos - de "restaurar la democracia en Venezuela" …
Asi declaró Tillerson: “Creo que habrá un cambio; uno pacífico, espero. En la historia de Venezuela y, de hecho, en la historia de otros países de América Latina y de América del Sur, con frecuencia es el Ejército el que maneja este tipo de situaciones. Cuando las cosas están tan mal que los líderes militares se dan cuenta de que ya no pueden servir a los ciudadanos, gestionan una transición pacífica”.
Claro: de esta manera han "servido a los ciudadanos latinoamericanos" a esos gorilas militares que, antes y después de Pinochet, han devuelto los experimentos socialistas o nacionalistas bajo las garras del condor.
Una política impuesta con armas ayer, hoy con fraude y golpe blanco. Así que los EE. UU. y sus gorilas han intentado hacerlo incluso en Venezuela con el golpe contra Chávez el 11 de abril de 2002. Pero la gente le devolvió la silla a su presidente dos días después. Desde entonces, las calles de Venezuela repiten el mismo eslogan: “cada 11 tiene su 13”. "Si la revolución cae - Maduro lo ha declarado varias veces - continuaremos con armas lo que estamos haciendo con las urnas”.
Si, porque el proceso bolivariano muestra que el pueblo lucha contra la burguesia a diferentes niveles para construir la unica democracia verdadera que es el socialismo.
El Ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechazó públicamente las declaraciones de Tillerson y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al igual que la Armada Roja soviética, acompañó sus declaraciones con el puño cerrado. "Cuando se invita a las fuerzas armadas a derrocar a un gobierno", dijo Padrino, "hay una falta de respeto por una institución que aplica sus principios, su moral republicana, sus tradiciones históricas. Estamos muy orgullosos de ser los herederos de nuestro libertador Simón Bolívar ".
Sí, Venezuela es el Stalingrado de América Latina. Atacada por todo lado pero heróica, y respaldada por aquellos partidos y movimientos que defienden los intereses de los oprimidos. Asi fue también en el Parlamento Europeo, donde la Europa de los banqueros votó una nueva vez el incremento de las sanciones a Venezuela. La trinchera principal de Venezuela es la conciencia del pueblo, que quiere seguir manteniendo el derecho a decidir sobre sus inmensos recursos y su destino.
La diplomacia cañonera sirve a los intereses petroleros de América del Norte. "Tillerson - dijo Maduro - está hablando como presidente de Exxon Mobil. Él nos odia por haber perdido el juicio con Venezuela, pero no podrán intimidarnos. Vamos a vender nuestro petróleo en otro lugar ". Exxon Mobil se negó a aceptar el monto de dinero ofrecido por Venezuela como parte de las compensaciones luego de las nacionalizaciones decididas por Chávez. Ahora está perforando ilegalmente las aguas de Esequibo, disputadas entre Guyana y Venezuela. Mientras tanto, él presiona a sus protectores de la oposición venezolana, para empujarlos a encabezar el esperado golpe de estado contra Maduro, e impuso que no firmaran el acuerdo de diálogo en la República Dominicana.
Después de haber convocado elecciones anticipadas a los cuatro vientos, las derechas venezolanas han abandonado las tres elecciones anteriores y ahora se niegan a participar en las próximas elecciones presidenciales, establecidas para el 22 de Abril. Maduro es nuevamente el candidato elegido por el Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos Aliados y los movimientos populares.
Las derechas, divididas y sin plan de gobierno, aún no han decidido. Los Estados Unidos quisieran que sea el Berlusconi venezolano, el empresario Lorenzo Mendoza, en primera fila en el acaparamiento y en la guerra económica contra el socialismo bolivariano.
Mientras tanto, el partido de las jerarquías del Vaticano también usa las grandes ceremonias religiosas para apoyar la solicitud de Tillerson y sus asociados. Lo hace abiertamente y libremente, en parroquias y catedrales, pero denuncia “la dictadura”. En estos días, una mujer protestó, pero fue rechasada a la fuerza: "Dale la otra mejilla, para que podamos darte una bofetada mejor". Así las jerarquías eclesiásticas interpretan los preceptos cristianos.
Mientras tanto, el imperio y su lacayos internos tratan de aumentar la tensión en el país, se repiten los apagones, encapuchados arrojaron una bomba lacrimógena en la estación del metro, afortunadamente sin víctimas que lamentar.
Los trabajadores del Metro están acostumbrados. Durante la violencia de los extremistas, en 2014 y 2017, con frecuencia estuvieron en la mira de aquellos que, en los grandes medios, fueron llamados "pacíficos manifestantes". La Comisión de la verdad sobre esos hechos, que concluyó el trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente, estableció que más del 50% de esas muertes - 43 en 2014, y más de 100 en 2017 - no fueron provocadas por la reacción policíal: eran espectadores, chavistas u opositores armados, asesinados por sus propias armas artesanales.
Pero todo esto no lo leeremos en los periódicos italianos, como no leeremos que, en Costa Rica solo votó el 24% de los que tienen derecho a votar, ni que la consulta en Ecuador significó un regreso de los sectores populares, y no una gran prueba de democracia.
En los Estados Unidos, la nueva estrategia de armas nucleares prevé un costo de al menos $ 1,2 mil millones para el desarrollo de un nuevo misil nuclear marítimo. Pero Trump fue propuesto de nuevo para el Premio Nobel de la Paz ... Después de dárselo a Obama y Manuel Santos, estaría bien.
Por otro lado, ¿el Parlamento Europeo no otorgó el Premio Sájarov a venezolano neonazi? Esos mismos que, en formato italiano, han sido “blanqueado” por el centro-izquierda italianos por miedo a que las fuerzas del proletariado organizado vuelvan, como en Venezuela, a dictar la verdadera agenda politica.


Golpean, incendian, disparan a inmigrantes y quieren traer el Ku-Klux Klan a Italia? ¿No son fascistas? por el amor de Dios!!!, sino solo un poco perturbados. Somos un país sin memoria, que habla de paz y lanza bombas: cerrado en el recinto de las distinciones pequenas burgueses, desorientado. La Venezuela socialista deja caer máscaras sobre todo esto. A raíz de Cuba, Venezuela es la nueva trinchera. Una música que viene de lejos, que canta: "Poder popular, Power to the people". O, con el grupo Stormy Six, "Stalingrado en cada ciudad".



viernes, 9 de febrero de 2018




COYUNTURA INTERNACIONAL: VENEZUELA NI SE VENDE NI SE ENTREGA
Por: alcidesmartinez1967@gmail.com
@alcidesmartinezpsuv
Todo el pueblo venezolano, latinoamericano y mundial que sigue de cerca todo lo relacionado con la Mesa de Diálogo convocada por más de 400 veces por el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros, en búsqueda de una convivencia democrática a los dirigentes opositores apátridas, porque cuando ellos defienden intereses extranjeros y le dan la espalda al pueblo que hoy sufre por sus malas estrategias no se les puede llamar venezolanos, sabíamos que no iban a firmar porque se está tratando de negociar con delincuentes de cuello blanco.
Esto se veía venir, dice un viejo pero sabio refrán. Seria de ingenuos pensar o creer que Julio Borges, el muchacho de mandado y pichón de imperialistas, asumiera una actitud nacionalista, patriota porque es contraria a sus principios capitalistas y de pitiyanqui. No tiene vergüenza, ni ética, ni moral, ningún tipo de sentimiento por la patria ni mucho menos por el pueblo. Eso está más claro que el agua.
Este llamado del Presidente Maduro, no lo ha entendido el imperio norteamericano ni lo han entendido los gobiernos del Continente arrastrados como el de Colombia, país utilizado por EEUU como laboratorio para aplicar toda maldad contra Venezuela, que prefiere la guerra y no la paz, porque no solo rompe los acuerdos alcanzados con el ELN sino que además, no ha respetado los acuerdos alcanzados con las FARC, mientras que ellos, las FARC, si cumplieron con todo lo acordado.
En Brasil, el gobierno golpista de Michel Temer, al ver que Lula Da Silva los va a revolcar en las próximas elecciones presidenciales, la única vía para sacarlo del juego político es utilizar la justicia brasilera al servicio del capitalismo y el golpismo para meterlo preso injustamente.
En Argentina, están aplicando lo mismo con Cristina Fernández de Kirchner y en Honduras, todos fuimos testigos el fraude electoral más descarado que se haya vivido en país alguno. Mientras que en Venezuela, el pueblo es ejemplo de amor y democracia y sin embargo somo lo peor del mundo porque así nos venden los traidores, el imperio y los pityanquis.
No se que piensan los seguidores es estos polítiqueros irresponsables de la oposición porque el daño se lo están causando a todos los venezolanos por igual, porque son ellos quienes nos han llevado a esta situación pidiendo sanciones, bloqueos e intervención militar para Venezuela...No creo que estén tan ciegos para no darse cuenta que gracias a estos pseudos dirigentes los venezolanos estamos padeciendo la peor crisis de nuestra historia...Pero los que si estamos conscientes seguimos en resistencia porque defenderemos nuestros derechos hasta las últimas consecuencias porque

VENEZUELA NI SE VENDE NI SE ENTREGA.








CONFLICTO LIMÍTROFE CHALCHIHUITÁN-CHENALHÓ
Octubre-Diciembre 2017 – Enero 2018

ANTECEDENTES
En 1973, como parte del proceso de ordenamiento agrario que emprendió el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez, agentes de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu) deslindaron los límites entre los pueblos históricos de Chalchihuitán y Chenalhó, ambos de lengua y cultura tsotsiles. Sin respetar los límites naturales que marcaba un río desde tiempos ancestrales y que eran reconocidos por los dos pueblos, los servidores públicos otorgaron tierras que tradicionalmente habían pertenecido a Chenalhó al actual municipio de Chalchihuitán, generando con ello un conflicto que ha tenido momentos de tensión y de latencia a lo largo de más de 40 años.
Es pertinente aclarar que durante estos años, habitantes de Chalchihuitán fueron poblando las tierras antes pertenecientes a Chenalhó,de manera legal, no como invasores. Se convirtieron, por un error lamentable del gobierno federal, en dueños legítimos de las tierras que hoy les han arrebatado.
Los últimos veinte años de historia en la región están marcados por la violencia y el enfrentamiento entre diversos grupos, aunados a la pobreza endémica que caracteriza a ambos pueblos, pero de manera más profunda a Chalchihuitán. Las consecuencias han sido muy negativas para gran parte de la población, que en el caso de Chenalhó ha debido vivir diversos episodios de desplazamiento forzado. El ejemplo más dramático es el de la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997, episodio final de una serie de eventos previos caracterizados por las acciones de grupos armados entrenados, patrocinados, protegidos y armados por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
A pesar del proceso judicial que derivó de la masacre, dichos grupos nunca fueron totalmente desactivados. De hecho, apenas unas semanas antes de que se cumplieran diez años del suceso, los responsables materiales, que habían sido plenamente identificados por los sobrevivientes y que purgaban sus sentencias en prisión, comenzaron a ser inexplicablemente liberados, aduciendo fallas al debido proceso.Actualmente TODOS están libres y han regresado a Chenalhó, donde varios de ellos retomaron sus acciones de hostigamiento a la población.
A través de diversos episodios de agresión contra opositores, los grupos armados de Chenalhó han consolidado su presencia sin que hasta la fecha las autoridades responsables hayan hecho algo para por lo menos controlarlos. En abierta alianza con la presidenta municipal Rosa Pérez, del Partido Verde Ecologista de México y protegida del actual gobernador, Manuel Velasco Coello, estos  grupos  han agudizado la tensión social tanto al interior del municipio como con sus vecinos de Chalchihuitán.
En este contexto tienen lugar los acontecimientos que se narran a continuación.
CRÓNICA DE HECHOS
En una turbia jugada que hoy puede interpretarse como perfectamente planeada y calculadapara que provocara lo que efectivamente ocurrió, el 18 de octubre pasado elementos de estos grupos armados privaron de la vida a Samuel Luna Girón, campesino de Chalchihuitán y cuyo asesinato sirvió como argumento para reavivar el añejo conflicto limítrofe.Es un hecho del que tuvieron conocimiento tanto el ministerio público como la Procuraduría indígena, quienes no han tomado ninguna medida para impartir justicia.
En teoría la solución del conflicto quedó en manos del Tribunal Agrario, que debía emitir un fallo definitivo a más tardar el 15 de diciembre. Mientras tanto, las autoridades del estado no sólo no intervinieron para calmar los ánimos; por el contrario, dejaron actuar a los paramilitares a sus anchas, negando, cada vez que pudieron,  la gravedad de la situación. Por su parte, durante los primeros dos meses del conflicto, el gobierno federal mostró una absoluta indiferencia ante los hechos.
A partir del asesinato de Luna Girón, las agresiones de los civiles armados se hicieron recrudecieron, con destrucción y quema de viviendas y cosechas, tiros al aire durante todo el día y amenazas de muerte. Los accesos a la cabecera municipal de Chalchihuitán fueron destruidos por los paramilitares con maquinaria pesada, sin que autoridad alguna intentara detenerlos. La cabecera quedó virtualmente en estado de sitio, privada de alimentos, medicamentos, gasolina, gas.
En las tres semanas siguientes al asesinato, más de cinco mil habitantes de diversas comunidades de Chalchihuitán y casi mil de Chenalhó, ante el temor de perder la vida, fueron forzados a abandonar sus tierras y refugiarse, los de Chenalhó en Fracción Polhó (dentro del mismo municipio); los de Chalchihuitánvarios en la cabecera y los más en las montañas cercanas, en calidad de desplazados internos. Atrás dejaron sus escasas pertenencias, sus animales, sus aperos de trabajo, su vida entera. Las condiciones en las que se encuentran actualmente son de extrema vulnerabilidad. Hasta el momento, por lo menos doce personas, principalmente menores de edad y ancianos, han perdido la vida a causa del hambre y del frío.
Desde el inicio de las hostilidades, el párroco de Simojovel, Marcelo Pérez, se dio a la tarea de recorrer los campamentos de desplazados para recoger los testimonios de la gente y dar a conocer la situación que están viviendo. Al mismo tiempo, organizaciones de la sociedad civil en San Cristóbal y voluntarios les comenzaron a brindar asistencia humanitaria. Sin embargo, el proceso ha sido extremadamente difícil ya que durante varias semanas, y como consecuencia de los bloqueos que provocaron los paramilitares, había que dar un rodeo de siete horas para llegar a un lugar al que normalmente se hacen no más de dos.
Es importante insistir en la falta de respuesta por parte de las autoridades estatales y la total ausencia del gobierno federal ante la tragedia, durante varias semanas.  Pero ante el cúmulo de denuncias e irrefutables evidencias, el gobierno del estado se vio forzado a implementar algunas acciones cosméticas y tardías, enviando ayuda humanitaria[1] y a personal de Protección Civil a la cabecera municipal de Chalchihuitán. A pesar de las circunstancias, en un principio estos funcionarios se negaron a trasladarse a los campamentos para dar asistencia a los desplazados exigiendo que éstos se movieran a la cabecera. Sólo entonces el gobierno federal mandó ayuda humanitaria a través  del Ejército. Extrañamente los soldados dieron el mismo rodeo que las organizaciones de la sociedad civil debían dar para llegar a los campamentos, cuando tenían la autoridad y los medios para retirar los bloqueos y detener a los responsables.
Mientras tanto, se esperaba con ansías la sentencia del tribunal, principalmente por las amenazas que de manera abierta expresaron Rosa Pérez y sus aliados armados, al afirmar que de no serles favorable, los de Chenalhó tomarían “medidas drásticas” en contra de sus vecinos de Chalchihuitán. El fallo, que anula todos los dictámenes previos y expresa la necesidad de redefinir los límites entre ambos municipios (decisión que los de Chenalhó tomaron como favorable a su causa)fue publicado el 13 de diciembre.[2] Llamó poderosamente la atención que el documento estuviera fechado el 6 de noviembre, es decir, un mes y una semana antes de su publicación y antes también de que la mayor parte de los desplazados hubiera dejado sus tierras.
Este hecho en concreto puede interpretarse como un intento, lamentablemente exitoso, de “limpiar” de habitantes de Chalchihuitán el territorio en disputa ANTES de que el tribunal emitiera su fallo. Lo lógico sería que, una vez publicada la decisión de las autoridades agrarias, la gente en vez de pertenecer a Chalchihuitán ahora quedara bajo la jurisdicción municipal de Chenalhó, sin tener que moverse de sus tierras ni ver amenazada su integridad. Pero no ocurrió así.
Es de notar también que, a pesar de que los bloqueos principales fueron retirados (por elementos de Protección Civil, NO por policías o militares), las agresiones armadas no han dejado de ocurrir día y noche contra las mismas comunidades de donde la gente salió y ahora hostigando a otras comunidades de Chalchihuitán cuyas tierras parecieran ser también ambicionadas por quienes provocaron todo esto.
En los hechos, el fallo del tribunal NO resolvió el problema, pues resulta muy poco probable que los desplazados puedan regresar a sus tierras y reconstruir sus viviendas con las garantías de seguirdad mínimas necesarias para ello. Mientras los grupos armados sigan activos y gozando de la protección de quienes debieran deterlos, esto no será posible. Ningún paramilitar ha sido detenido hasta el momento, a pesar de que están plenamente identificados.
Finalmente, a finales de diciembre, el subsecreatrio de Gobernación, René Juárez Cisneros, y el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, se reunieron con representantes de ambos ayuntamientos. Se discutió sobre la necesidad de atender a los desplazados y proteger su integridad física. Se instaló, asimismo, una mesa de seguridad para atender la demanda de desarticulación, desmantelameinto y castigo al grupo armado de Chenalhó. Sin embargo, no hay, hasta la fecha, NINGUNA ACCIÓN EN ESTE SENTIDO: ni un solo detenido, ni una sola arma decomisada. NADA. Los paramilitares siguen operando con la más absoluta impunidad.
Las fiestas decembrinas fueron muy amargas y difíciles para los desplazados.Varios miles de ellos, desesperados y con claros síntomas de  depresión, decidieron regresar a sus comunidades, según lo anunció el alcalde de Chalchihuitán el primero de enero, a pesar de quelas condiciones para el retorno no están dadas. Sólo deseaban saber, expresaron, el estado actual delo que queda de sus viviendas, cosechas y demás posesiones.[3] Sin embargo, más de mil desplazados  se rehusaron a hacerlo, precisamente ante la falta de garantías.
David Pérez Gómez, del consejo de vigilancia del Comité de Bienes Comunales de Chalchihuitán, detalló que hasta la mañana del 2 de enero habrían regresado 3 mil 858 personas a sus comunidades y aproximadamente mil 116 permanecen en los campamentos. Sin embargo, “nadie está seguro, pues los paramilitares siguen armados y provocando en la franja” (en disputa), añadió. Esto significa que, de continuar las agresiones, en cualquier momento los retornados podrían dejar nuevamente sus comunidades para refugiarse en los campamentos.
Los hechos dan la razón a quienes no quieren volver a sus casas: la tarde y noche del primero de enero se escucharon disparos desde Majumpepentik (Chenalhó).  Según la crónica de Hermann Bellinghausen, “… elementos del Ejército federal, acompañados por un regidor del ayuntamiento, levantaron cartuchos percutidos en Tseleltetik, un paraje de Kanalumtik. Los militares no acudieron a los otros tres sitios donde hubo tiros: Zacatonal, Ch'en Mut y Tsamtech'en”.[4]
Juan Gabriel Girón Gómez, agente municipal de Kanalumtik, declaró: “No hay seguridad por parte del gobierno; nosotros esperamos que se instalen los soldados para volver”. Nadie les ha ofrecido reubicarse, apunta.Permanecen en la cabecera de Chalchihuitan familias de todos los poblados; se trata de habitantes de las comunidades cercanasa donde provienen los disparos.En cuanto a la ayuda que reciben de Protección Civil de Chiapas, Girón Gómez asegura que “son donativos de la sociedad civil, no del gobierno; lo podemos leer en las cajas”.[5]
Ante lo anteriormente descrito, las preguntas obligadas son: ¿quién o quiénes están detrás de todo esto y qué ganan? ¿Por qué se ha dejado actuar, con toda libertad e incluso con la protección por omisión de las autoridades, a los grupos de civiles armados? ¿Por qué la falta de respuesta de los gobiernos estatal y federal durante tanto tiempo?  ¿Dónde van a reubicar a los desplazados, con qué recursos?
La realidad es que hoy por hoy, el tejido social está seriamente dañado para los habitantes de ambos pueblos. Los desplazados culpan a los de Chenalhó de su sufrimiento, generalmente sin distinguir entre paramilitares y el resto de la población. Pase lo que pase, el encono está sembrado y costará mucho trabajo superarlo.
Los desplazados han perdido no sólo sus viviendas y pertenencias sino su modo de vida campesino. En los meses siguientes, no podrán sembrar ni cultivar nada, lo que los condena a una dependencia del exterior que puede o no responder a sus necesidades básicas. Enfrentamos una verdadera emergencia humanitaria que requiere de toda nuestra capacidad de respuesta y acompañamiento. Sin embargo, no debemos hacer el trabajo que corresponde a las autoridades. Es necesario exigirles que cumplan cabalmente con su responsabilidad, empezando por el desarme y detención de los grupos civiles armados.
Por lo pronto, en Chalchihuitán se da un retorno al matadero, coinciden varios organismos civiles que han dado seguimiento al conflicto desde el inicio. El riesgo de una masacre es claro, advierten. No hay una sola garantía de seguridad y, menos, de reparación del daño. Cada día que pasa, es un día más en la incertidumbre, el frío, el hambre, la enfermedad, la tristeza, el miedo…

ENGLISH VERSION

TERRITORIAL CONFLICT CHALCHIHUITÁN-CHENALHÓ

October-December 2017 - January 2018

BACKGROUND

In 1973, as part of the process of agrarian organization that the government of President Luis Echeverría Álvarez undertook, agents of the Secretariat of Agrarian Reform (SRA, now the Secretariat of Agrarian, Territorial and Urban Development, Sedatu) demarcated the boundaries between the historic towns of Chalchihuitán and Chenalhó, both of tsotsil language and culture. Without respecting the natural limits that a river marked from ancestral times and were recognized by the two peoples, public servants granted land that had traditionally belonged to Chenalhó to the current municipality of Chalchihuitán, generating a conflict that has had moments of tension and of latency over more than 40 years.

It is pertinent to clarify that during these years, inhabitants of Chalchihuitán were populating the lands previously belonging to Chenalhó, legally, not as invaders. They became, by an unfortunate mistake of the federal government, the legitimate owners of the lands that today they have taken from them.

The last twenty years of history in the region are marked by violence and confrontation between diverse groups, together with the endemic poverty that characterizes both peoples, but Chalchihuitán in a more marked way. The consequences have been very negative for a large part of the population, which in the case of Chenalhó has had to experience various episodes of forced displacement. The most dramatic example is that of the Acteal massacre on December 22, 1997, the final episode of a series of previous events characterized by the actions of armed groups trained, sponsored, protected and armed by the government of (President) Ernesto Zedillo Ponce de León.

Despite the judicial process that resulted from the massacre, these groups were never totally deactivated. In fact, just a few weeks before the tenth anniversary of the event, the material perpetrators, who had been fully identified by the survivors and who were serving their sentences in prison, began to be inexplicably released, citing flaws in due process. ALL are now free and have returned to Chenalhó, where several of them resumed their actions of harassment of the population.

Through various episodes of aggression against opponents, the armed groups of Chenalhó have consolidated their presence without, to date, the responsible authorities having done anything to at least control them. In an open alliance with the municipal president Rosa Pérez, of the Green Ecologist Party of Mexico and protected by the current governor, Manuel Velasco Coello, these groups have exacerbated the social tension both within the municipality and with its neighbors in Chalchihuitán.
In this context the events that are narrated below take place.

FACTUAL CHRONICLE

In a murky move that today can be interpreted as perfectly planned and calculated to provoke what actually happened, on October 18, elements of these armed groups deprived of his life Samuel Luna Girón, peasant of Chalchihuitán, whose murder served as an argument to rekindle the old border conflict. It is a fact that both the Public Prosecutor's Office and the Indigenous Procurator's Office, who have not taken any measure to impart justice, were aware of this
.
In theory the solution of the conflict was in the hands of the Agrarian Court, which had to issue a definitive ruling no later than December 15. Meanwhile, the state authorities not only did not intervene to calm things down; on the contrary, they allowed the paramilitaries to act at their leisure, denying, whenever possible, the seriousness of the situation. For its part, during the first two months of the conflict, the federal government showed absolute indifference to the facts.

After the murder of Luna Girón, the aggressions of the armed civilians were intensified, with destruction and burning of houses and crops, shooting in the air all day and death threats. The accesses to the municipal capital of Chalchihuitán were destroyed by the paramilitaries with heavy machinery, without any authority trying to stop them. The town of central administration was virtually in a state of siege, deprived of food, medicine, gasoline, gas.

In the three weeks following the murder, more than five thousand inhabitants of various communities of Chalchihuitán and almost one thousand of Chenalhó, fearing loss of life, were forced to abandon their land and take refuge, those of Chenalhó in Fracción Polhó (within the same municipality); those of Chalchihuitán, several in the administrative center and more in the nearby mountains, as internally displaced persons. They left behind their few belongings, their animals, their implements of work, their entire lives. The conditions in which they currently find themselves are extremely vulnerable. So far, at least twelve people, mainly minors and elderly people, have lost their lives due to hunger and cold.

From the beginning of the hostilities, the parish priest of Simojovel, Marcelo Pérez, undertook the task of touring the camps of displaced people to collect the testimonies of the people and make known the situation in which they are living. At the same time, civil society organizations in San Cristóbal and volunteers began to provide them with humanitarian assistance. However, the process has been extremely difficult since for several weeks, and as a consequence of the blockades created by the paramilitaries, it was necessary to make a seven-hour detour to reach a place where normally no more than two are required.

It is important to emphasize the lack of response from the state authorities and the total absence of the federal government in the face of the tragedy, for several weeks. But faced with the accumulation of complaints and irrefutable evidence, the state government was forced to implement some cosmetic and belated actions, sending humanitarian aid and Civil Protection personnel to the municipal seat of Chalchihuitán. Despite the circumstances, at first these officials refused to move to the camps to provide assistance to the displaced, demanding that they move to the Municipal seat. Only then did the federal government send humanitarian aid through the Army. Strangely, the soldiers followed the same detour that the civil society organizations had to use to get to the camps, when they had the authority and the means to remove the blockades and arrest those responsible.

Meanwhile, the ruling of the court was anxiously awaited, mainly because of threats openly expressed by Rosa Pérez and her armed allies, saying that if they were not favorable, those from  Chenalhó would take "drastic measures" against their neighbors in Chalchihuitán. The ruling, which annuls all previous rulings and expresses the need to redefine the boundaries between the two municipalities (decision that those from Chenalhó took as favorable to their cause) was published on December 13. It drew strong attention that the document was dated November 6, that is, a month and a week before its publication and before that most of the displaced had left their land.

This particular fact can be interpreted as an unfortunately successful attempt to "clean" the disputed territory of the inhabitants of Chalchihuitán BEFORE the court issued its ruling. The logical thing would be that, once the decision of the agrarian authorities was published, people instead of belonging to Chalchihuitán woud now be under the municipal jurisdiction of Chenalhó, without having to move from their lands or see their integrity threatened. But it did not happen like that.

It is also noteworthy that, although the main blockades were removed (by elements of Civil Protection, NOT by police or military), the armed aggressions have not stopped happening day and night against the same communities that the people left and now harassing other communities of Chalchihuitán whose lands seem to be also coveted by those who caused all this.

In fact, the court's ruling did NOT solve the problem, since it is very unlikely that the displaced will be able to return to their lands and rebuild their homes with the minimum security guarantees necessary to do so. As long as the armed groups are still active and enjoying the protection of those who should deter them, this will not be possible. No paramilitary has been arrested so far, even though they are fully identified.

Finally, at the end of December, the Under Secretary of the Interior, René Juárez Cisneros, and the Commissioner for the Dialogue with Indigenous Peoples, Jaime Martínez Veloz, met with representatives of both municipalities. The need to care for the displaced and protect their physical integrity was discussed.

A security desk was also installed to meet the demand for separating, dismantling and punishing the armed group of Chenalhó. However, there is, to date, NO ACTION IN THIS SENSE: not a single detainee, nor a single weapon confiscated. NOTHING. The paramilitaries continue to operate with absolute impunity.

The holidays were very bitter and difficult for the displaced. Several thousand of them, desperate and with clear symptoms of depression, decided to return to their communities, as announced by the mayor of Chalchihuitán on January 1, although the conditions for the return have not been realized. They only wanted to know, they said, the current state of what is left of their homes, crops and other possessions. However, more than a thousand displaced people refused to do so, precisely because of the lack of guarantees.

David Perez Gomez, of the monitoring council of the Committee of Communal Property of Chalchihuitán, explained that until the morning of January 2, 3,858 people had returned to their communities and approximately 1,116 remained in the camps. However, "nobody is sure, because the paramilitaries are still armed and provoking in the strip" (in dispute), he added. This means that, if the aggressions continue, at any moment the returnees could leave their communities again to take refuge in the camps.

The facts support the conclusions of those who do not want to return to their homes: the afternoon and evening of the first of January shots were heard from Majumpepentik (Chenalhó). According to the chronicle of Hermann Bellinghausen, "... elements of the Federal Army, accompanied by an alderman of the city council, picked up discharged cartridges in Tseleltetik, a place of Kanalumtik. The military did not go to the other three places where there were shots: Zacatonal, Ch'en Mut and Tsamtech'en. "

Juan Gabriel Girón Gómez, municipal agent of Kanalumtik, declared: "There is no security provided by the government; we hope that the soldiers return to settle in. " No one has offered to relocate them, he says. Families from all villages remain in the Chalchihuitan administrative center; they are inhabitants of the communities close to where the shots come from. Regarding the help they receive from the Civil Protection of Chiapas, Girón Gómez assures that "they are donations from civil society, not from the government; we can read it on the boxes. "

In view of the above, the obligatory questions are: who is or who are behind all this and what do they gain? Why have the groups of armed civilians been allowed to act, with complete freedom and even with the protection by omission of the authorities? Why the lack of response from the state and federal governments for so long? Where will they relocate the displaced, with what resources?

The reality is that today, the social fabric is seriously damaged for the inhabitants of both towns. The displaced blame those in Chenalhó for their suffering, generally without distinguishing between paramilitaries and the rest of the population. Whatever happens, the anger is sown and it will take a lot of work to overcome it.

The displaced have lost not only their homes and belongings but their peasant way of life. In the following months, they will not be able to sow or cultivate anything, which condemns them to a dependency on the outside that may or may not respond to their basic needs. We face a real humanitarian emergency that requires all our capacity for response and accompaniment. However, we should not do the job that corresponds to the authorities. It is necessary to demand that they comply fully with their responsibility, beginning with the disarmament and detention of armed civilian groups.

Several civil organizations that have been monitoring the conflict since the beginning agree that for now, in Chalchihuitán there is a return to the slaughterhouse. The risk of a massacre is clear, they warn.There is not a single guarantee of security and, least of all, of repairing the damage. Each day that passes, is another day in uncertainty, cold, hunger, illness, sadness, fear...






[1]Tal ayuda no ha sido sólo insuficiente sino inapropiada. El gobierno del estado ha enviado alimentos enlatados que la gente de las comunidades no está acostumbrada a comer y cuyo consumo le ha generado más problemas gastrointestinales de los que ya presentaba, según  documentó la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a principios de enero.
[2]Bajo el título Nulidad de ejecución de resolución presidencial, declara improcedentes los acuerdos anteriores entre las partes e indica que se deberá realizar nuevamente el deslinde. Ello alargaría el proceso y daría un respiro al gobierno estatal para el proceso electoral, evitando, por el momento, problemas con los grupos oficialistas de Chenalhó.

[3]Según testimonios de varios desplazados, han regresado a sus comunidades bajo una persistente presión por parte de funcionarios del gobierno estatal, principalmente de Protección Civil, y ante el riesgo de perder lo poco que tienen, sin que los gobiernos federal y estatal hayan cumplido con la principal exigencia: el desarme de los grupos armados. Los retornados regresan sin alimentos, con sus cosechas perdidas, enfermos y con los traumas emocionales producto de la violencia que han vivido desde hace meses. Todo esto evidencia que en ningún momento se están aplicando los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas y, por tanto, no se están respetando, garantizando ni protegiendo los derechos humanos de la población desplazada, según señala, entre otras organizaciones, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, en su última acción urgente del 4 de enero de 2018.
[4]La Jornada 3 de enero de 2018.
[5]Idem.

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Articulo colectivo  este artículo lo sistematizo a la lic Ana, aportamos varias personas
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Maduro firma acuerdo y se compromete a brindar todas las garantías electorales

HONRARÉ MI PALABRA con TODO LO ACORDADO EN REPÚBLICA DOMINICANA

 El Presidente y candidato a la reelección en Venezuela, Nicolás Maduro, 


respondió hoy a la   negativa de la oposición a firmar un acuerdo político de 


convivencia y paz que había sido p r e v i a m e n te 


n e g o c i a d o  e n   Re p ú b l i c a   D o m i n i c a n a , 


comprometiéndose a “cumplir    todo lo allí acordado, y no firmado por 


presiones de EE.UU”.



  En un acto masas al este de la capital, donde aceptó la postulación 





por  parte de un nuevo 




movimiento  denominado “Todos Somos Venezuela”, que dirige la 






Presidenta de la Asamblea   Nacional  Constituyente 




y ex Canciller, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro repudió la negativa 





de la 






oposición a la que señaló de 







sabotear el proceso de normalización de la vida política y 





de actuar de espaldas al país.






 La actual Presidenta de la Constituyente venezolana y ex Canciller, Delcy Rodríguez, presidirá un nuevo movimiento político que apoya la reelección de Maduro.

Maduro dijo que comprometía su palabra a cumplir todo lo discutido en Dominicana, incluyendo una amplia misión de observación o acompañamiento internacional al proceso eleccionario así como un conjunto de garantías electorales para todos los actores politicos.

Horas antes, en acto público, el Presidente había firmado el texto del acuerdo de República Dominicana, denominado “Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela”, al cual se habían comprometido Gobierno y oposición 24 horas antes y que a último minuto, los sectores opositores rehusaron firmar.

El Presidente manifestó que el jefe de la delegación de la oposición, Julio Borges, no firmó el acuerdo porque poderes extranjeros se lo prohibieron y aludió directamente a Estados Unidos y al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. “Hubo una llamada en inglés desde Bogotá, y a partir de ahí cambiaron todo lo acordado”

Ante este hecho, lamentó que los sectores de la oposición venezolana no cuenten con líderes responsables ante su palabra. "Venezuela necesita que todos los sectores tengan líderes", expresó.

Pese al incumplimiento por parte de la oposición de la palabra empeñada ante el Presidente de Dominicana Danilo Medina y el ex presidente español Rodríguez Zapatero, a quienes Maduro agradeció sus buenos oficios, el jefe de Estado venezolano afirmó que deja abiertas las puertas a la oposición para que se incorpore al acuerdo. “Soy un hombre de diálogo y espero que la oposición reflexione”.

Asimismo, el Presidente ordenó publicar íntegro el texto del acuerdo que contiene compromisos en seis áreas y temas sensibles para el país, y que permitiría -entre otros aspectos- el reconocimiento político mutuo y una fecha acordada para el evento electoral presidencial.

Maduro reiteró el llamado a sus seguidores a prepararse para dos posibles escenarios: si la oposición participa, ganar de forma contundente. Si no participa, refrendar la elección on más de 10 millones de votos.



SOMOS VENEZUELA

Maduro acudió hoy en la tarde al acto de lanzamiento del nuevo movimiento político “Somos Ve n e z u e l a ” q u e i n t e g r a a sectores de varios partidos e independientes. El Movimiento, creado en 2017, comenzó como un grupo voluntario de apoyo a l a g e s t i ó n s o c i a l y h o y s e i n s c r i b i ó a n t e e l C o n s e j o Na c i o n a l E l e c t o r a l p a r a participar con tarjeta propia en la elección presidencial.

El Movimiento “Somos Venezuela no es un partido político” afirmo Nicolás Maduro. “Se trata de un movimiento social, movimiento de movimientos, incluyente, participativo, moderno, que convocará a todos los venezolanos a aportar al país”, dijo Maduro en el acto en que aceptó la postulación.


Según explicó Delcy Rodriguez, “Somos Venezuela” integrará 24 redes o sectores del país, profesionales, trabajadores, empresarios, estudiantes, mujeres, ecologistas, sexodiversidad, creadores culturales, entre otros, que trabajarán de manera coordinada por la solución de los problemas del país y apoyarán la reelección de Nicolas Maduro.

“La oposición sabe que no puede ganarnos una elección presidencial. Ya el pueblo decidio

Miles de jóvenes se concentraron en un gimnasio deportivo, tradicionalmente usado por la oposición, para apoyar la reelección del Presidente venezolano




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